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Plataforma de Perjudicados por Concursos de Acreedores

Nota: Entiéndase el género masculino utilizado como inclusivo de ambos sexos para facilitar la lectura.

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12 de noviembre de 2013-Permanente

 

ANTECEDENTES

A partir de nuestra experiencia personal (Estafa Jardines de Gerena S.A.), y sabemos que no es un caso aislado, hemos comprobado la injusticia que de forma "habitual" se produce en este tipo de procedimientos. La situación se agrava cuando los "acreedores especiales", que tienen precedencia en el cobro de indemnizaciones en las liquidaciones de bienes, son a veces corresponsables a su vez de la estafa que los ciudadanos denunciamos.

Esta injusticia tiene otros importantes aspectos que conviene destacar:

  • La demora de los procedimientos; por falta de medios en los juzgados de lo mercantil, la cantidad de afectad@s, la complejidad del plan de liquidación, etc.

  • La dificultad de acceso y enmienda a los planes de liquidación, controlados actualmente por los administradores judiciales.

  • El estricto requerimiento de representación por abogado y procurador con sus correspondientes tarifas, dificultades de participación directa, etc.

  • Los diversos efectos adversos sobre los derechos civiles que se intentan salvaguardar:

    1. El desistimiento de denunciar si la cantidad estafada no es “suficientemente grande”.

    2. La suspensión indefinida de la aplicación de la sentencia firme de otro juicio que reconoce la cantidad a indemnizar en un procedimiento previo y preceptivo.

Además tiene una clara incidencia sobre la economía:

  • Permite que cualquier persona a través de una pequeña sociedad pueda acometer proyectos de gran envergadura y riesgo con una responsabilidad social muy baja. No responden ni penal ni económicamente con su patrimonio personal. Lo que genera múltiples damnificados; clientes y usuarios finales, inversores y administraciones.

  • Las indemnizaciones reales suelen estar muy por debajo de las recogidas en la sentencia que permite el acceso al concurso acreedor.

  • Se retrae dinero de las indemnizaciones, que en definitiva proceden de créditos contraídos previamente por clientes, usuarios e inversores hacia acreedores especiales (personas jurídicas), mientras que las personas físicas con una economía más frágil frecuentemente no cobran.

  • Muchas empresas en concurso de acreedores son inmobiliarias que han recibido créditos por entidades bancarias sin escrúpulo a la hora de invertir en el mercado especulativo de la vivienda. La actividad económica de estas  organizaciones suele basarse más en la economía especulativa que en inversión en producción real de bienes y servicios en el estado español. Por lo que reconocer legalmente el privilegio de acreedores especiales menoscaba las posibilidades económicas de la sociedad en su conjunto. Mención aparte merece el menosprecio que representa para los ciudadanos estafados que han hipotecado su futuro por un bien de primera necesidad.

OBJETIVOS

  • Dotar a los juzgados y administraciones de los recursos humanos y materiales para agilizar estos procedimientos.

  • Poner a disposición de los ciudadanos, los datos requeridos como indicadores de la cantidad y calidad de la justicia administrada en esta materia.

  • Denunciar públicamente y ante administraciones competentes cada caso de injusticia sufrida por personas físicas por aplicación del procedimiento actual.

  • Modificar la normativa vigente en los siguientes términos para fundamentar las diferentes disposiciones en el consenso social:

    • Control ejecutivo de la capacidad de negocio de pequeñas empresas, que a través de grandes inversiones aumentan la posibilidad de estafa a numerosos clientes y empleados (personas físicas). A través de garantías aseguradas, declaración límite de ingresos, etc.

    • Control ejecutivo y sanción vía administrativa del desempeño de las empresas que reciben reclamaciones como filtro preventivo a la vía judicial por estafa.

    • Redistribución equitativa y progresiva de las indemnizaciones cobradas por acreedores especiales entre personas físicas con indemnización reconocida en sentencia judicial firme, desde el inicio de la aplicación de la presente ley de concurso de acreedores.

    • Fiscalización, durante al menos 20 años, del patrimonio de personas físicas con cargo en la dirección de empresas con sentencias firmes de indemnizaciones en contra no cobradas, para que respondan de forma progresiva a las cantidades adeudadas.  

    • Participación colegiada de los afectados en la elaboración de los planes de liquidación para cubrir las indemnizaciones reconocidas judicialmente.

    • Responsabilidad penal para futuras vulneraciones de la normativa modificada.

    • Apertura ejecutiva de investigación judicial de personas jurídicas (empresas) cuya responsabilidad se derive del desarrollo del propio proceso concursal, o por haber indicios previos (reclamaciones administrativas, denuncias a colegios profesionales, Defensor del Pueblo, Organizaciones de Consumidores, etc.). La indemnización, en caso de ser a la vez parte acreedora, será reservada y congelada a la espera de su resolución.

    • La inhabilitación temporal para el acceso a contrato administrativo de empresas con sentencia firme que contemple indemnizaciones, hasta la total satisfacción de dichas cantidades dinerarias.  La participación de las personas físicas en consejos de dirección de empresas inhabilitadas vinculará a su vez la inhabilitación para contratar con la administración de otras empresas de las que formen parte del consejo de administración, sin perjuicio de los contratos en curso, hasta la satisfacción de las indemnizaciones adeudadas.

TRÁMITES

Entre los primeros pasos para conseguir los objetivos vamos a ir realizando las siguientes gestiones:

  1. Petición de información a los juzgados provinciales de lo mercantil:    29/11/2013

    • Datos del número de personas físicas afectadas que no han cobrado el total de la cuantía reconocida en sentencia judicial firme, desde la entrada en vigor de la presente ley.

    • Datos de las cantidades dinerarias reconocidas en sentencia judicial firme, que las personas físicas afectadas no han cobrado desde la entrada en vigor de la presente ley.

  2. Solicitud de reunión con máximos dirigentes de la Administración Autonómica en razón de competencia:

    • Consejería de Justicia e Interior. Junta de Andalucía.

    • Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía.

  3. Redacción de escrito al Ministerio de Justicia.

  4. ...

 
 

JUNTOS PODEMOS, Y DEBEMOS